Han transcurrido más de cuarenta días y tanto el Ministerio del Interior como la Policía Nacional aún no aclaran el alevoso ataque criminal del que fue víctima el periodista y corresponsal del diario La República en Juliaca, Feliciano Gutiérrez Suca, aparentemente por elementos policiales que se sintieron afectados por las denuncias públicas de su ilícito negocio de protección al contrabando.
Gutiérrez Suca, probablemente no sea la última víctima de las fuerzas criminales, lo que sí es seguro es que los hombres de prensa jamás dejarán pasar por alto esta agresión incalificable.
Lo ocurrido con el colega juliaqueño es sintomático del poder que tienen algunos elementos corruptos encaramados en las instituciones públicas, que se dan el lujo no solo de agredir a sus víctimas, sino de llamar a periodistas y fiscales telefónicamente para enviar señales de su poder a fin de infundir miedo y terror.
Por ello, el gobierno del presidente Humala debe tomar el toro por las astas y efectuar una limpieza a fondo de los elementos criminales que se han entronizado en las sedes policiales de Puno, no para combatir al delito, sino para favorecer al contrabando y servir de sicarios a quienes se benefician de este ilícito negocio que desangra económicamente al Estado.
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